'Ni corrupto, ni ladrón'

Por Claudia Flores M. 🇬🇹


Si muchas empresas importantes se ponen exquisitas para escoger al CEO (Chief Executive Officer) de la Compañía, al determinar perfiles ideales para este cargo, cuánto más podría exigir un pueblo sobre el perfil del candidato que aspira la presidencia de un país. ¿Qué requisitos debería reunir? ¿Basta con un rostro amigable y carismático? “¿Los pueblos tienen el gobierno que se merecen?”, como dijo el italiano José de Maistre (1753-1821) o más bien “no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”, dicho por el francés el francés André Malraux en el siglo XX.


En una democracia cada pueblo elige a los gobernantes que desea y si en Guatemala hemos tenido a Alfonso Portillo (2000-2004) o a Otto Pérez Molina (2012-2015) -ambos enviados a prisión por corrupción- es porque fueron escogidos por la mayoría de guatemaltecos para gobernar el país. No han sido los únicos candidatos que han cometido delitos en contra del Estado, pero son los que han sido procesados, hasta ahora. En el caso de Pérez Molina el proceso judicial aún está en marcha, mientras que Portillo ya salió libre, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos.


A lo que vamos. Para las elecciones presidenciales de 2015, los guatemaltecos estábamos cansados de los “mismos candidatos que corrían casi siempre”. Y la gota que derramó el vaso fue la denuncia pública de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano de Naciones Unidas, que apoya al Ministerio Público en la investigación de delitos), del involucramiento del ex-presidente Pérez y la ex-vicepresidenta Baldetti, como cabecillas del grupo criminal que llevó a cabo defraudación aduanera por millones de dólares, y la detención de otros funcionarios señalados también de corrupción.


Entre la casualidad y la estrategia política, aprovechando el momentum guatemalteco, harto de los políticos tradicionales, en las elecciones de 2015 se escogió a un outsider, Jimmy Morales, del partido FCN, sin antecedentes políticos, ni de corrupción; sino con una hoja de vida como actor cómico. Su slogan: “ni corrupto, ni ladrón”.


Los asesores de Morales supieron aprovechar su carisma y su popularidad actor, para presentarse como la alternativa a los políticos tradicionales. Iniciaba sus discursos de campaña haciendo reír a sus seguidores, haciendo recordar algunas de sus bromas de su programa “Nito y Neto”. Incluso filmó la película “Un presidente de a sombrero”, producida, dirigida y actuada por Jimmy y su hermano Sammy en 2007. Morales centró su campaña en mostrarse como un candidato diferente, desligado de la desgastada clase política


En agosto de 2016, nuestro Presidente Morales fue señalado por la CICIG por financiamiento ilícito de campaña electoral; pero el Congreso no avaló quitarle el antejuicio o desafuero. Además, su hermano y su hijo también están siendo procesados por colaborar en una compra ilícita en el Registro de la Propiedad, caso que también fue develado por el órgano de Naciones Unidas.


Esta, entre otras razones, motivaron al Presidente para declarar persona non grata al Jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, en la madrugada del Domingo 27 de agosto, en un video difundido en Twitter, donde además le daba un plazo al Comisionado para salir del país. Esta noticia, caída como un balde de agua fría tempranero, nos dio a entender que Morales estaba en contra de las investigaciones de Velásquez, no sólo sobre él y su familia, sino también sobre otras denuncias de corrupción de políticos y empresarios. En resumen, el Presidente nos dio el mensaje de estar en contra de la lucha contra la corrupción, decepcionando a los guatemaltecos que confiaron que Morales, a pesar de su falta de brillantez política, por lo menos era consecuente con su promesa de campaña. Ese mismo domingo, la Corte de Constitucionalidad declaró que la decisión del Presidente no procedía, más que por la intención del documento oficial, por errores en fechas y firmas.


Sin embargo, la denuncia de financiamiento ilícito del partido FCN que había llevado a Morales a la Presidencia, seguía en pie, pero para que el Ministerio Público pudiera realizar las investigaciones el Presidente debía ser desaforado. La solicitud de antejuicio (protección para funcionarios para no realizar ningún proceso judicial) se elevó al Congreso de la República el 11 septiembre. Y 104 diputados, de 158, votaron para que el presidente no perdiera su inmunidad, por lo que no podrá ser investigado por financiamiento irregular que habría recibido el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general y candidato a la Presidencia.


En consecuencia tenemos como resultado la desconfianza de una población en su mandatario, y la duda, no comprobada, de que también es corrupto, como los “mismos de siempre que llegan al poder”. El desafuero hubiese sido una gran oportunidad para comprobar su inocencia y fortalecer su figura de no ser corrupto ni ladrón. Hoy queda la duda y la desconfianza en los ciudadanos.

#Guatemala #JimmyMorales #corrupción #Centroamérica

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